Gaceta Médica: La Asamblea de Madrid ha vuelto a vivir una sesión bronca en materia de gestión sanitaria, marcada por la nueva Ley de Universalidad, el Gobierno regional ha acusado directamente al Ejecutivo central de intentar desmantelar el sistema público de salud madrileño. Tanto la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, como el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Carlos Díaz-Pache, han dibujado un escenario de «caos planificado» destinado, según sus palabras, a «reventar los servicios públicos de la región mediante regularizacones masivas y la falta de inversión».
El portavoz popular, Carlos Díaz-Pache, centrando su discurso sobre lo que denominó «un asalto a los servicios públicos» por parte de Pedro Sánchez. Díaz-Pache sugirió que, «ante el éxito del modelo madrileño, el Gobierno central ha optado por una estrategia de sabotaje activo». En su intervención escenificó una conversación ficticia del Ejecutivo central, en la que aseguraba que pretenden «meter cientos de miles de inmigrantes irregulares sin darles un duro más. Ya verán cómo podemos reventarla«, refiriéndose a la sanidad de la región.
Para el portavoz del PP, esta supuesta maniobra responde a «una necesidad de supervivencia electoral del PSOE», vinculando directamente las políticas de migración con la alteración «para alterar el censo electoral y que funcione todo mal con el único objetivo de llegar un poquito mejor a unas elecciones, aunque eso se lleve por delante los servicios públicos».
La presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso recogió el testigo con un tono aún más severo, dirigiendo sus ataques tanto al Gobierno de coalición como a la bancada de la izquierda. «Acuso al gobierno y a la izquierda de querer reventar la sanidad madrileña, así de claro», comenzó tajante. La jefa del Ejecutivo regional argumentó que la estrategia de la izquierda pasa por «fomentar una inmigración que no sea libre y emprendedora», sino «pobre y dependiente, aunque sea en manos de mafias, del tráfico de personas y de la trata».
Ayuso puso cifras a su denuncia, alertando sobre el impacto de las regularizaciones, anunciadas por el Gobierno central, en el padrón regional, asegurando que «es una buena jugada para 2.300.000 personas que probablemente no tengan ningún arraigo, pero que casualmente la mayoría va a estar censado en la Comunidad de Madrid, para reventarnos la sanidad y provocando el turismo sanitario». La presidenta defendió que, aunque Madrid «jamás ha negado a ninguna persona la asistencia en las Urgencias y en la Primaria», no puede asumir una carga global ilimitada, denunciando que «pretenden hacer de la Comunidad de Madrid el hospital del planeta Tierra y nos negamos a que sigan reventando la sanidad».
«Ustedes son los culpables de que venga un colapso nunca visto en los servicios públicos de la Comunidad de Madrid mientras revientan y vician los censos»Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid
La presidenta madrileña tampoco ahorró calificativos para la dirección nacional de la cartera de Sanidad, tildando a Mónica García de ser «la ministra más incompetente que jamás ha tenido ese ministerio al frente». Denunció una parálisis en la gestión de recursos humanos señalando que «faltan médicos y se niegan a dar permiso para permitir que los extracomunitarios se pongan hoy mismo a trabajar» y que el Gobierno central «no tiene capacidad para crear más plazas ni capacidad de pensar a futuro».
Ayuso también sacó a relucir lo que considera «contradicciones flagrantes» en el discurso de la izquierda sobre la sanidad pública y privada. Criticó que, mientras atacan a la sanidad privada en Madrid, el propio Ministerio de Sanidad derive «las terapias de prevención del cáncer urológico de Ceuta y Melilla a la clínica de la U también de Quirón, si no saben ni lo que dicen». Asimismo, acusó al Ejecutivo de Sánchez de «fomentar huelgas históricas y polémicas», como supuestos «amaños hasta en el MIR, mientras descuida los problemas reales del sistema», recordando también la falta de un acuerdo para el Estatuto Marco.
La diputada socialista Morales Porro abrió el bloque de sanidad denunciando lo que calificó como un «vía crucis para las mujeres que deciden abortar en la región«, criticando «la falta de información y la obligatoriedad de acudir presencialmente a recoger una cartita de pago». Ante estas acusaciones, la consejera de Sanidad Fátima Matute respondió con dureza asegurando que la diputada «miente» y defendió que en Madrid el aborto es «legal, seguro y ha de ser poco frecuente», subrayando que «uno de cada cinco abortos de España se realizan en la Comunidad de Madrid», muchos de ellos de mujeres procedentes de regiones como Castilla-La Mancha, según Matute.
Matute insistió en que la estrategia de su departamento se centra en fomentar la natalidad y «evitar que el aborto se banalice», asegurando que «un 40% de las mujeres que abortaron afirmaron que no era su primer aborto» y un grupo menor lo había hecho «cuatro o más veces previamente». La consejera zanjó el debate defendiendo el derecho a la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios madrileños.
El debate giró después hacia la situación de la Atención Primaria, con el diputado socialista Moreno Viscasillas denunciando que municipios del sureste madrileño «se encuentra actualmente sin médicos» y otros «llevan meses sin pediatra». El parlamentario vinculó estas carencias con un aumento de las listas de espera «hasta llegar al millón de madrileños» y acusó al PP señalando que «el problema es que ustedes destinan ya los cuatro hospitales de Quirón una cantidad superior a la que destinan a toda la Atención Primaria».
En su réplica, la consejera Matute defendió con firmeza el modelo de colaboración público-privada, alegando que «es propio de democracias liberales avanzadas» y que busca la eficiencia y la equidad. Matute presumió de la capacidad de atracción del sistema madrileño, destacando que «en Madrid se trata a en torno a 160.000 personas que vienen desplazadas de otras comunidades autónomas», lo que supone que «el 25% de las terapias avanzadas» que se administran en la región son para pacientes de fuera de Madrid.
La consejera también aprovechó para contraatacar al Ministerio de Sanidad, acusando a la ministra Mónica García de ser la que «realmente privatiza todos los servicios sanitarios que le corresponden». Según Matute, el Ejecutivo central deriva servicios de psiquiatría o prevención del cáncer a clínicas privadas mientras critica el modelo madrileño, calificando estas acciones como «la incongruencia personificada».
En el ámbito de la innovación, Matute reivindicó a Madrid como un referente en investigación biomédica, citando los más de 7.000 ensayos clínicos y el trabajo de 3.000 investigadores en la región. Destacó el impulso de proyectos como ‘Lánzate’ y la creación del primer centro regional de terapias avanzadas, asegurando que su objetivo es «solucionar los problemas reales de la gente y añadir vida a los años de los pacientes madrileños».
