PÚBLICO: El Servizo Galego de Saúde (Sergas) ha encontrado una nueva forma de hablar de la sanidad pública con sus pacientes: ponerle precio. Desde esta semana, la aplicación para teléfonos portátiles Sergas Móbil permite consultar cuánto le imputa el sistema sanitario gallego a la atención recibida por cada usuario. La nueva función, presentada por Alfonso Rueda como una medida de "transparencia", muestra el coste de consultas, pruebas, tratamientos y otras actuaciones sanitarias. Lo que no enseña, en cambio, es algo que para muchos pacientes resulta bastante más útil: en qué posición están en las listas de espera y cuándo serán atendidos. En el apartado correspondiente, la aplicación puede limitarse a mostrar el mensaje "Cita pendiente".
La Xunta anunció el 14 de septiembre la incorporación de esta funcionalidad al portal É-Saúde, dentro de Sergas Móbil, una aplicación que utilizan ya más de 2,3 millones de gallegos. La Administración sostiene que los importes tienen carácter exclusivamente informativo y que no constituyen una factura ni modifican el derecho a recibir asistencia sanitaria. Los precios proceden fundamentalmente del decreto de 2014 que fija las tarifas de los servicios sanitarios del Sergas para determinados supuestos de facturación a terceros obligados al pago.
Los primeros datos permiten hacerse una idea de la factura teórica que la Administración asigna a cada acto sanitario. Una primera consulta médica de atención primaria cuesta 69,24 euros; una consulta de enfermería, 14,52; y una analítica completa, 180 euros. En atención especializada, una primera consulta ambulatoria tiene una tarifa de referencia de 175,09 euros en el decreto, mientras que la información que ya aparece en la aplicación sitúa determinadas consultas hospitalarias en torno a los 107 euros. La asistencia en una urgencia hospitalaria sin ingreso son 361,59 euros y la de un punto de atención continuada, 256,87 euros.
La relación se amplía también a las pruebas diagnósticas. Una placa periapical u oclusal son 25,23 euros, mientras que una tomografía por emisión de positrones (PET, en sus siglas en inglés), 1.323,16 euros. Una resonancia magnética simple cuesta 691,29.
En cirugía, el contraste entre las cifras y la experiencia del paciente resulta más llamativo: 373,29 euros como tarifa para una intervención de cirugía menor ambulatoria y, dentro de la cirugía mayor ambulatoria, procedimientos que van desde 744,58 euros para algunas intervenciones hasta 4.542,79 euros para una biopsia hepática infantil con anestesia general. El mismo decreto contiene procedimientos especiales y trasplantes con importes muy superiores, aunque la Xunta ha anunciado que la información sobre hospitalización, farmacia hospitalaria, prótesis y otras prestaciones se incorporará progresivamente a la aplicación. No todas esas tarifas forman parte, por tanto, de lo que el paciente puede consultar hoy en Sergas Móbil.
Manuel Marín, presidente de SOS Sanidade Pública: "Hay un intento evidente de transformar la sanidad en un negocio y de mercantilizar las relaciones sanitarias"
La cuestión que plantea esta nueva funcionalidad no es si la ciudadanía tiene derecho a conocer cuánto cuesta la asistencia. Lo tiene. El artículo 9 de la Ley de Salud de Galicia, aprobada en 2008 bajo el Gobierno bipartito de PSOE y BNG, reconoce expresamente el "derecho a solicitar y a obtener información comprensible y adecuada sobre el coste de las prestaciones y servicios de salud recibidos". El problema está en la disparidad entre esa información económica, que la Xunta ha decidido hacer visible ahora de forma individualizada y la información sobre los tiempos de acceso a la propia asistencia. En la web del Sergas existen herramientas para consultar las citas pendientes y las listas de espera hospitalarias, pero la experiencia que ofrece la aplicación al usuario puede quedarse en ese lacónico "pendiente" sin posición ni fecha concreta.
Manuel Marín, médico y portavoz de SOS Sanidade Pública, interpreta la estrategia de la Xunta de informar de los precios de los procedimientos sanitarios dentro de una operación más amplia. "Hay un intento evidente de transformar la sanidad en un negocio y dar entrada a los fondos de inversión en el pastel del gasto público en sanidad, que es muy goloso", afirma. Marín sostiene que "para lograrlo tienen que mercantilizar las relaciones sanitarias y convertir a los pacientes en clientes" y considera que "ponerle precio a los procedimientos es una manera de decirle a la ciudadanía que la sanidad es un favor, un regalo". "Pero no nos están regalando nada", añade. "Están gestionando nuestro dinero, y lo están gestionando mal, en Galicia, la sanidad está depauperada y en algunos casos y lugares, como sucede con la atención primaria, casi desmantelada".
Fernando Abraldes, portavoz de la Asociación de Pacientes e Usuarias do Complexo Hospitalario Universitario de Santiago, considera que la Xunta está colocando el foco en la parte menos relevante para quien espera atención. "El derecho a conocer los costes de los procedimientos sanitarios está recogido en una ley de hace 18 años", recuerda. A su juicio, la cuestión central es el relato que acompaña ahora a esa información: "El argumento que subyace es que los tratamientos son tan caros que los pacientes no podríamos acceder a ellos si tuviéramos que pagarlos en un hospital privado, y que por lo tanto debemos estar agradecidos y sin protestar cuando nos hacen esperar semanas para una cita en atención primaria o meses y años" para una consulta con un especialista, una prueba diagnóstica o una intervención quirúrgica.
Abraldes advierte de que "la Xunta no le está haciendo un favor" al ciudadano cuando la sanidad pública lo atiende, se trata de un derecho fundamental cuyo cumplimiento tiene la obligación de garantizar: "Ese derecho se sostiene con el dinero que sale de nuestros impuestos, de nuestras cotizaciones a la Seguridad Social". El portavoz de la asociación de pacientes vincula además la discusión sobre la aplicación con las garantías de acceso a la asistencia y sostiene que "otra ley del 2004 prohíbe que los pacientes estén a la espera de que les den una cita para atenderlos". Por eso considera "absolutamente irregular" que en las agendas del sistema aparezcan citas como "pendientes": "No puede haberlas, tiene que haber una fecha".
El asunto cobra especial relevancia porque los últimos datos oficiales de listas de espera disponibles son los correspondientes al 31 de diciembre de 2025. El Sergas mantiene actualmente en su web esa fecha como la última publicación tanto para consultas externas como para pruebas diagnósticas y cirugía. Es decir, a 18 de septiembre de 2026, la estadística pública de referencia sigue teniendo casi nueve meses de antigüedad. Público ha preguntado a la Consellería de Sanidade, dirigida por Antonio Gómez Caamaño, por el retraso en la actualización de estos datos y por la ausencia de una información equivalente sobre la situación individual de los pacientes en la aplicación. A la hora de cerrar esta información, la Consellería no había contestado.
Los datos que sí publicó el Sergas a finales de 2025 mostraban un empeoramiento respecto al semestre anterior en algunos indicadores. El balance presentado por la Xunta en marzo de 2026 situó en 49.554 los pacientes pendientes de una intervención quirúrgica a 31 de diciembre y elevó a 72,8 días la espera media para operarse, seis días más que seis meses antes. Otras 205.248 personas aguardaban en esa fecha a ser atendidos por un especialista, con una demora media de 62,6 días (seis meses antes eran 60,8 días). Para una prueba diagnóstica, había 378.749 usuarios anotados con una espera de 97,8 jornadas, diez más que en junio de ese año. En total, casi 379.000 pacientes esperando, un 6% más en seis meses. La Xunta atribuyó parte del deterioro a las huelgas de sanitarios y su impacto sobre la actividad asistencial.
La oposición, sindicatos y asociaciones profesionales y de la sociedad civil organizada alertan de que la situación de la sanidad es crítica, un argumento que la Xunta y el PP rechazan de plano. Aunque el contexto reciente no sustenta esa tesis. Esta misma semana, un juzgado ha condenado al Sergas a indemnizar con casi 300.000 euros a la familia de un hombre que murió en 2018 en un punto de atención continuada (PAC) de A Estrada (Pontevedra) sin recibir atención médica porque no había ningún facultativo disponible. El pasado 9 de septiembre, la Confederación Intersindical Galega, el mayor sindicato de Galicia, denunció el colapso del hospital de Monforte (Lugo). Los quirófanos de traumatología fueron suspendidos por falta de camas, las plantas mantuvieron durante el verano ocupaciones de entre el 90% y el 100% y Urgencias llegó a atender hasta 90 pacientes en un día sin refuerzo de personal.
