PÚBLICO: En 2024, los cuatro hospitales construidos y gestionados por la empresa privada Quirónsalud en Madrid costaron 1.600 millones de euros, más del doble de lo presupuestado. Solo a la Fundación Jiménez Díaz se le transfirieron 418 millones en 2025. Ese mismo año, el Gobierno firmó contratos con aseguradoras privadas por 4.808,5 millones para MUFACE, 1.201 millones para ISFAS y 175 millones para MUGEJU. Son solo algunos ejemplos del trasvase de dinero público a la sanidad privada que el Proyecto de Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud (SNS) no solo no corrige: blinda.
El pasado 30 de septiembre, frente al Ministerio de Sanidad, la Auditoría Ciudadana de la Deuda en Sanidad y la Coordinadora de Barrios y Pueblos de Madrid en Defensa de la Sanidad Pública comparecimos ante los medios. El periódico Público recogió nuestras críticas y también las respuestas del Ministerio. Contrastadas con el texto de la ley, esas respuestas no se sostienen.
La propia ley incluye una disposición que permite a la Alta Inspección del SNS (el órgano estatal de supervisión) asesorar en procesos de reversión. Pero no le da ninguna competencia nueva para intervenir: solo puede asesorar si la comunidad autónoma lo solicita. Y la disposición que blinda los contratos ya firmados protege todos los existentes. En Madrid, los 11 hospitales PFI y PPP (construidos y gestionados por empresas privadas) seguirán en manos privadas hasta 2030 o 2035, y la ley no prohíbe que se prorroguen. No hay obligación de revertir, ni calendario, ni plan.
La Fundación Jiménez Díaz es un hospital privado, pero su forma jurídica de “fundación” le permite presentarse como entidad sin ánimo de lucro. Recibe cientos de millones de euros públicos cada año a través de uno de los artículos de la Ley General de Sanidad que permiten los convenios con entidades privadas (artículo 67). Ese artículo no se deroga: se modifica, pero se mantiene. Si de verdad quisieran atacar el modelo Quirón, habrían derogado ese artículo y modificado la Ley de Contratos del Sector Público. No lo han hecho.
Y hay una contradicción evidente: si faltan medios propios, ¿cómo es que hay recursos suficientes para transferirlos al sector privado? Los datos de la Cámara de Cuentas de Madrid, en su informe de fiscalización del gasto sanitario y farmacéutico (ejercicios 2011-2015), lo demuestran. Procedimientos como una biopsia de mama costaban un 303% más en la Fundación Jiménez Díaz; una operación de cataratas, un 331% más; y una hernia, un 489% más. No falta dinero: falta voluntad de invertirlo en lo público.
Además, la privatización ya no adopta solo la forma de grandes concesiones hospitalarias. Se ha fragmentado: pruebas diagnósticas por imagen, diálisis domiciliaria, laboratorios de análisis clínicos, rehabilitación, tecnología sanitaria. Es menos visible, pero igualmente estructural. Y la ley no la impide.
Cada 1 de enero, los funcionarios de MUFACE, ISFAS y MUGEJU (las mutualidades de funcionarios) pueden optar por que su asistencia sanitaria la preste la sanidad pública o una aseguradora privada. La ley no modifica este sistema ni prevé su integración progresiva en el SNS. Mientras tanto, solo en 2025 el Gobierno firmó contratos con aseguradoras privadas por más de 6.180 millones de euros para estas mutualidades. Que el Ministerio se declare “opuesto” al modelo no cambia nada si la ley no lo toca. La oposición sin acción es pura retórica.
Derogar los artículos de la Ley General de Sanidad que permiten los conciertos y convenios con empresas privadas, y modificar la Ley de Contratos del Sector Público para impedir las concesiones sanitarias.
Reforzar las competencias de la Alta Inspección y modificar el Consejo Interterritorial (el órgano que coordina la sanidad entre el Estado y las comunidades autónomas) para que sus decisiones no dependan del consenso, lo que lo convierte en un órgano no operativo.
Aprobar una ley que impida la actuación de los fondos de inversión especulativos en los servicios esenciales: sanidad, vivienda, educación, residencias, cuidados, etc.
Sin estas medidas, la sanidad pública seguirá siendo un sistema mixto donde el dinero público financia la gestión privada.
No basta con defender la sanidad pública en abstracto. Hay que exigir coherencia a todos los gobiernos, también a los que se reclaman de izquierdas, cuando no modifican las estructuras que permiten la privatización. Esta ley es una oportunidad perdida. Y quienes decimos defender lo público debemos señalarlo sin ambigüedades, con independencia de quién gobierne.
El Ministerio dice que la ley ataca el modelo Quirónsalud. La ley dice lo contrario. No es que la ley sea insuficiente. Es que hace lo contrario de lo que dice. Cambia el nombre, no el modelo.
La salud es un derecho, no un mercado. Y los derechos no se privatizan.
