PÚBLICO: El próximo mes de enero, Juan Manuel Moreno Bonilla (PP) cumplirá siete años en la presidencia de la Junta, a la que accedió en enero de 2019, tras las elecciones de diciembre de 2018. Este jueves y viernes afrontó el que bien podría ser el último debate sobre el estado de la comunidad antes de que convoque de nuevo a la ciudadanía andaluza a las urnas, lo que toca en la primavera próxima.
Los problemas fundamentales en Andalucía, según revelan los barómetros del CENTRA (Centro de Estudios Andaluces), son hoy similares a los que había hace siete años, con un cambio en la intensidad entre el estado de la sanidad, que ha proseguido su deterioro en estos años, y la falta de trabajo, el gran problema endémico de la región. Con la irrupción como una gran preocupación de un asunto que antes pasaba bajo el radar: la vivienda y la imposibilidad de acceder a ella.
La evolución socioeconómica de Andalucía, según diferentes analistas económicos, siempre ha estado vinculada a la del Estado. En términos de PIB, "cuando uno crece, el otro crece, cuando uno baja, el otro baja", resume el economista crítico Óscar García Jurado. Este periodo de recetas de Moreno Bonilla no han sido una excepción.
"Lo más relevante en los últimos años en el ámbito socioeconómico puede resumirse en que han supuesto una vuelta de tuerca más en la profundización de nuestra desventajosa situación de partida. Ha continuado reforzándose la función de economía primaria, de economía sirvienta de otras economías, al servicio de intereses ajenos y lejanos a Andalucía", resume Manuel Delgado Cabeza, catedrático de Economía Aplicada en la Universidad de Sevilla, especializado en el análisis de la estructura y de las dinámicas de los flujos regionales.
"[Esto ha sucedido] a través —agrega Delgado— del papel de plataforma agroexportadora al servicio de los amos del negocio alimentario, asumiendo Andalucía a cambio graves costes sociales y ambientales. Como es el caso también del extractivismo minero, acentuado en beneficio de las grandes multinacionales de la minería".
"Se ha extendido —agrega el economista— como una plaga un modelo turístico en el que Andalucía juega cada vez más el papel de camarera en Europa. Mientras tanto en Andalucía continúa profundizándose la sobreexplotación del trabajo asalariado en relación con otras economías dentro del Estado, utilizándose el caldo social que genera la condición de economía subalterna, de realidad sometida e inferiorizada, para extremar las condiciones de explotación".
"El resultado es que seguimos a la cola de todas las clasificaciones dentro del Estado. De modo que continúa más vigente que nunca aquella afirmación de Blas Infante de hace más de un siglo: ya es hora de que Andalucía despierte y se levante", remacha el profesor Delgado.
El presidente de la Junta esta semana manifestó: "No seré yo quien diga que la economía va como un tiro. Un presidente tiene que saber percibir la realidad. Sé que muchas familias de clase media tienen dificultades para llegar a fin de mes. Tenemos que generar más empleo y con mejores sueldos".
Eso sí, Moreno reivindicó: "El empleo ha crecido [en este tiempo] siempre por encima de la media de España. Hoy, en donde el desempleo se vivió durante años como una maldición inevitable, tenemos 3,6 millones de ocupados. Y a pesar de haber vivido una pandemia, hoy hay medio millón de ocupados más que cuando llegamos". "Andalucía funciona", considera el presidente.
Moreno agregó que, a su juicio, en estos años se está produciendo en la comunidad "un cambio de mentalidad, cada vez más emprendedora y ambiciosa. Somos la comunidad autónoma con más empresas inscritas. Andalucía tiene una economía cada vez más abierta y competitiva".
Aunque el presidente habló de cifras récord, como le gusta hacer, la tasa de paro aún está lejos de la que había antes de la caída de Lehman Brothers en 2008, según el INE. En el segundo trimestre de 2007, con un Gobierno socialista, se alcanzó la tasa de paro más baja de la serie histórica en Andalucía: el 11,95. El diferencial con el Estado, que también alcanzó en ese momento una tasa de paro histórica del 7,93 —cerca del pleno empleo técnico, que se suele situar en el cinco— era entonces de cuatro puntos. Hoy, para el tercer trimestre de 2025 los datos son estos: la tasa de paro andaluza es del 15,27 y la española del 10,45 y la diferencia es de casi cinco puntos.
La desigualdad y la exclusión social se ha incrementado en este tiempo, según las estimaciones del último informe Foessa, fundación creada por Cáritas, publicado a principios de este mes de noviembre. Hay ocho comunidades autónomas, recoge el trabajo, "en las que parece haber aumentado la exclusión social en este último periodo, aunque con distintas intensidades". "En cuatro de ellas (Andalucía, Aragón, Asturias y La Rioja) —añade— aumenta tanto en la tasa total de exclusión como en sus formas más severas".
Este documentado trabajo, un referente en el campo, considera que "la incidencia territorial de la exclusión social no tiene una relación muy directa con el nivel de riqueza producida en cada territorio, ni siquiera con la calidad de vida alcanzada por la mayoría de la población. Con un nivel de riqueza similar se pueden alcanzar niveles muy distintos de integración social".
El informe describe lo que sucede en Andalucía como "escasez restrictiva". Y lo explica así: "Los casos de Canarias, Andalucía o Murcia nos hablan de un sistema productivo menos desarrollado que se traduce en una menor calidad de vida para el conjunto de la población y también en un mayor nivel de exclusión social".
En el informe Foessa se recoge además que "en el conjunto nacional se registró una modesta mejora, pasando de un índice de Gini en 2007 de 0,324 a otro de 0,315 en 2022, con Madrid y Andalucía como las regiones con mayor desigualdad".
El trabajo recoge un ejemplo de cómo se traducen en la vida cotidiana las diferencias socioeconómicas: "Los datos para Andalucía, por ejemplo, muestran que mientras que únicamente cerca de un 30% de los hogares que ingresan menos de 900 euros mensuales netos disponen de doble acristalamiento, más de un 60% de los que superan los 3.000 euros cuentan con ese equipamiento. Por otra parte, las medidas para corregir los puentes térmicos mediante revestimientos se producen tres veces más en los hogares en la parte alta de la distribución de ingresos. Lo mismo sucede con los toldos, presentes en casi un 40% de los hogares de renta alta y solo en un 20% de los hogares con ingresos mensuales netos menores de 900 euros".
Foessa, como otros trabajos sobre pobreza y exclusión, destaca el gran poder redistributivo de las pensiones, que en Andalucía está por debajo de la media que en el resto del Estado, según los datos de la Seguridad Social.
"La gran dependencia de la redistribución del impacto de las pensiones provoca que una parte importante de los hogares que componen esta clase de renta media-baja sean mayores de 65 años, con una clase media en términos de renta más envejecida que la de otros países", afirma el Foessa sobre la situación en la Comunidad.
A la hora de combatir las desigualdades, aparece como un elemento muy relevante, además de las pensiones y las prestaciones, la fiscalidad. "La cesta de políticas que permite reducir la desigualdad es variada. Los [sistemas] más redistributivos, como el francés y el alemán, basan su capacidad redistributiva en el papel del impuesto sobre la renta y de las pensiones contributivas, con un papel mucho más limitado del resto de las prestaciones", se lee en el Foessa.
"Uno de los factores que explican la debilidad redistributiva de las políticas de transferencias en España es el menor papel compensador de las prestaciones no contributivas. Además, las prestaciones familiares en España han sido tradicionalmente muy bajas, lo que limita su capacidad redistributiva, tanto en el caso de las focalizadas como de las universales. Adicionalmente, aunque la progresividad del impuesto sobre la renta español es similar a la de otros países europeos, los tipos medios efectivos están entre los más bajos de los países de la eurozona, lo que lastra su capacidad redistributiva", analiza el informe Foessa.
La política fiscal de Moreno, que ha tomado como modelo y compartir con la de Madrid, en una economía, la andaluza, con una estructura bien diferente, ha ido en dirección contraria a la redistribución. Las distintas rebajas en los impuestos acometidas por los Gobiernos de Moreno Bonilla, han beneficiado más a quienes más tienen y han tenido un efecto muy pequeño en los bolsillos de las clases trabajadoras de Andalucía y más grande en los grandes números de los presupuestos —rondando los mil millones, según los propios datos de la Junta— que, aún siendo, con diferencia, los mayores de la autonomía, podrían haber sido aún más abultados.
"No entendemos por qué Andalucía, siendo una tierra rica y estratégicamente situada tiene que ser la hermana pobre del conjunto del Estado y hay un déficit tan importante en materia de inversiones públicas y privadas", considera Nuria López, secretaria general de CCCO en Andalucía.
El PP sí ha reivindicado en estos años mejoras en la financiación —en lo que se puede entender como una paradoja, al pedir más fondos al Gobierno y aminorar los suyos con rebajas fiscales— incluso de la mano del expresident valenciano, Ximo Puig (PSOE). Ambos reclamaron, mientras se resuelve el sudoku de un nuevo sistema de financiación de las autonomías, un fondo de nivelación que paliase los déficits, pero no lo lograron. Es un consenso entre los expertos y en la clase política de Andalucía que la Comunidad está en efecto infrafinanciada. En la última legislatura del PSOE la Hacienda autonómica, entonces gestionada por la hoy ministra María Jesús Montero, lo cifró en 4.000 millones de euros cada año. La dialéctica versa ahora sobre la deuda, que a Montero le parece "increíble" que la Junta rechace.
"Andalucía funciona, crece, reduce el paro, recupera la calidad de los servicios públicos. Avanza con paso firme, desde una posición de desventaja frente al resto de Comunidades Autónomas. Nadie niega ya que el actual sistema de financiación nos lleva perjudicando desde el año 2009", afirmó Moreno este jueves.
"[Es un dinero que] nos corresponde por derecho. Vivimos de nuestro esfuerzo, de nuestro trabajo y de nuestro espíritu de superación y de lucha. Exigimos igualdad y vamos a defender la dignidad de Andalucía", agregó Moreno. El presidente rechazó la idea de que exista "un norte rico que sabe hacer las cosas y un sur pobre". "Eso no es así. Podemos modernizar y transformar nuestra tierra. Hemos avanzado y nos queda mucho por avanzar", dijo.
Sin embargo, la oposición le reprocha al presidente que ese discurso del agravio y de la falta de fondos no casa bien con su política fiscal, que rebaja los ingresos, y por tanto, el dinero disponible para los servicios públicos, en aras de la "propaganda".
La tendencia de los gobernantes, y Moreno no es una excepción en esto, suele ser apuntarse los éxitos, como el descenso en la tasa de paro, que ha bajado en este tiempo de recuperación económica y de expansión en el gasto público tras años de apretarse el cinturón en paralelo a la estatal, y achacar al rival, en este caso, el Gobierno central y los años del PSOE en la Junta, los fracasos, como en el caso de la financiación autonómica.
Los servicios públicos esenciales son competencia de la Junta de Andalucía, lo cual tiene una referencia política y presupuestaria clara. Así, según el propio Gobierno autonómico, dos de cada tres euros del presupuesto de la Junta de Andalucía, que este año superó los 50.000 millones de euros, el mayor de todas las autonomías, se dedican a sanidad, educación y dependencia, los servicios públicos esenciales.
El sindicato UGT le reconoce a Moreno disposición al diálogo social y al pacto. "Debemos reconocer un esfuerzo por el diálogo social, especialmente en esta última legislatura", afirma a Público Oskar Martín, secretario general de UGT en Andalucía. El Gobierno ha firmado varios acuerdos relevantes —entre los que están tres pactos por el desarrollo de Andalucía— con los agentes sociales y la patronal, que está en plena sintonía con las políticas del Ejecutivo. Otra cosa diferente es el grado de cumplimiento de los pactos.
Lo que sí consideran en CCOO y en UGT es que en estos años se ha producido un deterioro en los servicios públicos, no solo de la sanidad, también en la educación y la dependencia. "Son asignaturas pendientes de un Gobierno, cuya gestión es pésima en estas materias", afirma Martín. Así lo resume el secretario general de UGT: "Las listas de espera son interminables, la privatización de servicios es cada vez mayor, y lo demuestra los dos millones de andaluces y andaluzas que han optado por pagar un seguro médico".
La sanidad es el talón de Aquiles del Gobierno de Moreno. La crisis en un programa estrella, tan sensible como el de la detección precoz del cáncer de mama, ha revelado las costuras del sistema, que ya venía tocado de antes, pero que en este tiempo, con Moreno Bonilla, ha proseguido a marchas forzadas su deterioro.
Los datos sobre listas de espera son claves para comprender lo que sucede. Hay estudios, según la Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública, que vinculan su aumento a un incremento de los clientes de la privada. Son, argumentan, vasos comunicantes. En Andalucía, a finales del año 2024, solo el 14,44% de los consultados afirmaba recibir atención médica en 24/48 horas, ocho puntos menos que la media nacional y la tercera comunidad con peores cifras. Sólo Canarias y València aparecían por debajo, según el último dato disponible entre los indicadores del Sistema Nacional de Salud, que publica el Ministerio de Sanidad. Esta estadística se elabora a partir del barómetro sanitario del CIS y para elaborarla se excluye la respuesta no sabe/no contesta.
Si se compara con el año 2018 —Moreno entró como presidente en enero de 2019—, el asunto adquiere otra dimensión. Entonces, el 51,92% de la ciudadanía afirmaba obtener cita en ese periodo de tiempo, cuatro puntos por encima de la media española. Andalucía entonces, con una grave crisis ya en el sistema que se palpaba en las calles, estaba en el décimo puesto de las comunidades autónomas. En estos siete años, por tanto, ha empeorado esta situación, tanto en España como en Andalucía, pero en esta región en mayor volumen.
Además, en junio pasado, según el Servicio Andaluz de Salud, había 852.289 personas a la espera de ser atendidas en alguno de los 38 hospitales —cinco de ellos concertados— de la Comunidad Autónoma.Y otras 207.236 esperaban una intervención quirúrgica. Esto supone que más de un millón de andaluces —1.059.525— esperan para ser atendidos.
Cuando Moreno Bonilla llegó al Gobierno las cifras ya eran considerables, pero eran al mismo tiempo menores. Había a los seis meses de que tomara posesión, en junio de 2019, según los datos del SAS, 151.837 personas que esperaban para ser intervenidas (con una demora media de 162 días) y otras 695.367 que no habían podido acceder a una consulta: la demora era de 130 días. Es decir, hoy, tras casi siete años de Gobierno del PP, hay 55.399 personas más que esperan una operación que en 2018 y otras 156.922 más a la espera de una consulta en un hospital.
La sanidad, además, está en los tribunales. Además de las pesquisas que ha abierto la Fiscalía por el problema en los cribados, hay otros dos casos en investigación. Un juzgado de Cádiz indaga si se produjo un troceo fraudulento de contratos para poder darlos con menos controles y otro en Sevilla si se hizo un uso indebido de la contratación de emergencia en el Servicio Andaluz de Salud: por el momento están investigados en este caso los tres últimos gerentes de Moreno Bonilla.
En la educación, se ha producido un fuerte trasvase de fondos a la escuela concertada, privada financiada con fondos públicos y mayoritariamente católica, en este periodo. Andalucía, entre 2019 y 2023, según los últimos datos consolidados y oficiales disponibles, es la comunidad que más aumentó el gasto en conciertos en un lustro: 300 millones más.
Los sindicatos lamentan la oportunidad perdida de haber reforzado al escuela pública. En un contexto de caída de la natalidad, se ha primado la concertada, privada, mayoritariamente católica. "También en educación se han multiplicado las universidades privadas, y se prioriza a ellas la adjudicación de nuevas titulaciones y cuando salen nuevas plazas en Formación Profesional se les da cinco veces más a los centros privados que a los públicos", afirma Oskar Martín.
"Lo mismo ha sucedido con la Formación Profesional y la universidad: el mercado toma posiciones. Cuando Moreno llegó al Gobierno, en Andalucía había una universidad privada —la Loyola—. Al final del proceso, que se ha iniciado en esta legislatura, Andalucía pasará a tener cinco. El PP ha autorizado cuatro más, muy cuestionadas por la comunidad universitaria por su falta de calidad.
En un lustro, el número de alumnos inscritos en cursos de pago de Formación Profesional no concertados se ha duplicado en Andalucía, según los datos de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional. De 20.300 estudiantes matriculados en FP privada durante el curso académico de 2018-2019, se ha pasado de forma a más de 41.000 en la actualidad.
En su balance sobre la educación, Moreno no se paró en pormenores: "En siete años —dijo— hemos transformado el sistema educativo para hacerlo más moderno y más amplio y con profesionales mejor pagados. Hoy tenemos 6.800 docentes más que en 2018. Hemos firmado doce acuerdos con los sindicatos educativos". Luego, agregó: "A pesar de que desde el año 2018 hay 120.000 alumnos menos, incrementamos de manera notable el número de profesionales. Eso solo tiene un nombre, que es apostar por la calidad educativa de nuestra tierra".
Los datos que maneja CCOO, extraídos de la propia Consejería de Desarrollo Educativo, muestran que en el curso 17-18 había en los colegios e institutos andaluces 73.201 unidades —es decir, una clase, grupos, aulas— de las que 54.074 eran públicas, 15.472 concertadas y 3.655 privadas. En el 24-25, el número total era de 74.002, de las que 53.739 eran públicas, 16.259 concertadas y 4.013 privadas. Es decir, que en estos años la pública ha perdido unidades mientras la concertada y la privada las han ganado.
Si se atiende al alumnado, en el curso 17-18, había en Andalucía 1.595.387 alumnos, de los que el 74,4% –1.188.786– estaban en colegios públicos, el 20,9% —333.114— en concertados y el 4,7% —75.487— en privados. En el 24-25 hubo 72.000 alumnos menos matriculados en Andalucía —1.523.7434—. El descenso lo soportó la pública, que pasó a atender al 72,5%, casi dos puntos menos —1.105.329 alumnos— mientras que la concertada alcanza el 21,9% —333.903— y la privada el 5,5% —84.511—.
En resumen, en estos años de Moreno Bonilla ha aumentado el peso de la educación financiada con fondos públicos, la concertada, un fortín católico, y privada en la Comunidad.
La vivienda, la imposibilidad para acceder a ella, es hoy la tercera preocupación de la ciudadanía, por detrás del paro y la sanidad. Para el geógrafo Iban Díaz, especialista en la materia y uno de los portavoces del sindicato de inquilinas, "el gobierno andaluz se ha aferrado a la tesis de que la función del sector público es la de dinamizar el sector de la construcción mediante la vivienda pública: la ley de vivienda y el decreto de medidas urgentes de comienzos de 2025 van en esta línea".
Moreno dijo este jueves en su balance de legislatura: "Necesitamos que se construyan más viviendas. En ocho años el precio de la vivienda en España ha subido un 50% y el alquiler un 30%. Algo debería cambiar en la política de vivienda del gobierno. Tenemos un déficit de 90.000 viviendas. Hemos cambiado el marco jurídico y aportado un plan de choque para construir 20.000 viviendas de VPO en cinco años. Y hemos aflorado suelo para 40.000 VPO más".
El problema, más allá de que Moreno no haya aplicado la ley de vivienda estatal, que prevé la declaración de zonas tensionadas con el objetivo de frenar la subida de los precios, es, según analiza Díaz, "que se plantea incentivar la construcción de viviendas sin tomar medidas para que estas tengan un uso social". "Los requisitos económicos —afirma el geógrado— para acceder a la vivienda social se han flexibilizado para que hogares con más ingresos puedan acceder a ella, cuando es público y notorio el hecho de que gran parte de la vivienda protegida se dirige a grupos sociales con ingresos medios que no deberían ser los destinatarios de esta política".
"Tampoco —agrega Díaz— se han establecido medidas contra la infrautilización del parque de viviendas o su uso no residencial. La política que se ha llevado a cabo en relación a las viviendas turísticas ha sido intentar frenar en primer lugar las regulaciones municipales, para finalmente sacar un decreto que no establece restricciones a este tipo de usos, cuyo impacto además se minimiza en el preámbulo de la nueva ley del suelo".
"En términos generales —remacha su análisis— la política de vivienda es coherente con un análisis equivocado y obsoleto sobre el problema de la vivienda y sobre cual debe ser el rol del agente público. Es muy improbable que las medidas que se han establecido hasta ahora contribuyan a solucionar los problemas existentes en cuanto a inflación de precios y dificultad de acceso a la vivienda de los hogares".
Moreno también se lanzó por la vertiente del miedo y afirmó el jueves que una ley antiocupación le parecía "necesaria". "El 30% de los alquileres se retienen por miedo básicamente. No tiene sentido que no se proteja la propiedad privada. ¿Por qué no se tramita ese plan antiocupación? ¿Por qué no quieren proteger a las familias andaluzas? Hay decenas de miles de andaluces que sufren ese problema de ocupación", dijo.
La realidad es que este, existiendo denuncias, no es un problema tan generalizado como afirma el presidente y tiene más que ver con la percepción: las denuncias por ocupación ilegal de inmuebles en Andalucía sumaron 2.207 en 2024, según datos del Ministerio del Interior, una cifra que representa una caída del 5,3% respecto a 2023, cuando las fuerzas de seguridad registraron 2.331 denuncias por allanamiento o usurpación en la comunidad, según recoge Efe.
Por otro lado, en Andalucía existen 641.437 viviendas vacías, lo que supone el 13,7% de su parque residencial y el 16,7% de todas las viviendas vacías de España, donde el total asciende a 3.837.328 inmuebles, según el Censo de Viviendas 2021 del INE.
