EL PAÍS: El Estatuto Marco que regula las condiciones laborales de casi un millón de empleados de la sanidad pública en España ha dado este martes un nuevo paso para su entrada en vigor. El Consejo de Ministros ha aprobado un anteproyecto de ley que cuenta con el respaldo de los sindicatos mayoritarios del sector, pero con la contestación de los específicos de los médicos, que llevan meses convocando huelgas contra la norma. Ahora pasará a un trámite de audiencia e información pública antes de llegar al Congreso, donde tiene una difícil andadura para su aprobación definitiva.
El texto tiene como misión sustituir al que está en vigor desde 2003. El Ministerio de Sanidad pretende con él mejorar la estabilidad del personal del sistema, regular las jornadas laborales y los descansos u homogeneizar la categoría de los trabajadores sanitarios según el marco europeo, entre otros cambios que suponen mejoras objetivas en las condiciones vigentes, pero que son insuficientes para las aspiraciones de muchos médicos.
Estos son los puntos clave del texto:
Estabilidad en el empleo. El texto limita a tres años la duración máxima de los nombramientos interinos en plazas vacantes y obliga a convocar procesos selectivos para acceder a plazas fijas al menos cada dos años. También introduce una compensación de 20 días de retribuciones fijas por año trabajado en casos de abuso de temporalidad.
Jornada y descansos. La jornada máxima semanal se reduce de 48 a 45 horas. Las guardias tendrán un límite de 17 horas de trabajo efectivo ―ahora son de 24― y los descansos derivados de ellas no podrán generar deuda horaria. El estatuto fija además un descanso diario mínimo de 12 horas entre jornadas y un descanso semanal de 24 horas.
Personal estatutario investigador. El documento crea una categoría específica para profesionales dedicados a la investigación sanitaria. Será necesario tener el título de doctor y dedicar al menos la mitad de la jornada ordinaria a la investigación. Esta actividad podrá compatibilizarse con funciones asistenciales, docentes, de gestión clínica, prevención y promoción de la salud.
Profesionalización de la gestión sanitaria. El acceso a puestos directivos queda vinculado a criterios de capacitación, transparencia y rendición de cuentas. Será necesaria una titulación universitaria de grado y la selección se hará mediante convocatoria pública, valorando formación, experiencia y un proyecto de gestión.
Conciliación y derechos laborales. La norma incorpora medidas de flexibilización horaria para quienes cuiden de hijos menores de 12 años o familiares dependientes. También prevé la exención de guardias y nocturnidad para mayores de 55 años, embarazadas y lactantes.
Desconexión digital y salud laboral. Sanidad reconoce el derecho a la desconexión fuera del horario laboral y define la “carga horaria excesiva” como indicador que exige intervención organizativa. Además, refuerza la protección frente a agresiones y discriminaciones por salud, orientación o identidad sexual.
Nueva clasificación profesional. El personal se ordena conforme al Marco Español de Cualificaciones para el Aprendizaje Permanente. El personal sanitario se agrupa según la titulación exigida, desde doctorado hasta técnico. El personal de gestión y servicios se clasifica en una escala más amplia, que va desde niveles superiores de cualificación hasta categorías sin titulación específica del sistema educativo.
La aprobación del Congreso de Ministros llega con la contestación de los principales sindicatos médicos, que llevan todo el año convocando huelgas semanales, una vez al mes, desde febrero. A esto se ha sumado desde esta misma semana la renuncia de muchos de ellos en siete comunidades autónomas ―que mezclan la protesta contra sus gobiernos regionales y el nacional― a hacer peonadas: las cirugías y pruebas diagnósticas fuera de horario para reducir las listas de espera.
Tanto la Organización Médica Colegial (OMC) como la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (el principal del gremio) han lamentado la aprobación del Estatuto Marco. “Aspectos estratégicos esenciales para la sostenibilidad y la calidad del Sistema Nacional de Salud no han encontrado una respuesta satisfactoria en el texto presentado”, asegura la OMC en un comunicado.
CESM considera “una irresponsabilidad” por parte del ministerio seguir adelante con la tramitación del anteproyecto de Ley “sin haber atendido al menos reivindicaciones clave, que son reconocidas y tenidas en cuenta en el resto de países del entorno europeo”.
Los médicos han vivido un aumento continuo de la presión asistencial, especialmente desde la pandemia, y creen que después de más de 20 años sin cambiar, el Estatuto Marco se queda muy corto. Entre otras reclamaciones, piden jornadas laborales de 35 horas máximas a la semana (incluyendo guardias), 48 horas seguidas de descansos semanales, mejor remuneración de las guardias y un estatuto propio que les permita negociar estas mejoras directamente con el Gobierno sin interferencias de los otros sindicatos.
Consideran los facultativos que el peso de su trabajo en la sanidad y su responsabilidad no se ve reflejado en unas mesas en las que tienen más peso la enfermería, los auxiliares o los celadores, que son muchos más y por tanto determinan en mayor medida la representación sindical.
La última reunión para abordar las reivindicaciones con el Ministerio de Sanidad fue este mismo lunes, sin acercamiento con los sindicatos. El departamento que dirige Mónica García considera que el Estatuto que ahora se aprueba introduce un marco de mejora en las condiciones que las comunidades autónomas, responsables de la prestación sanitaria, pueden superar.
La ministra ha argumentado en numerosas ocasiones que ya ha cedido a todas las reivindicaciones que están dentro de sus competencias y que los salarios o la contratación de más médicos para poder hacer menos guardias están en manos de los gobiernos autonómicos.
Con estas razones, el Gobierno aprueba ahora un texto que, cuando llegue al Congreso, debería recibir el voto mayoritario de los grupos, algo que se antoja muy complicado: ni PP ni Vox ni Junts están conformes con el documento y tendría que sufrir importantes cambios en su tramitación para recabar su apoyo.
