Cadena SER: Un documento de la Consejería de Sanidad revela que no se ha celebrado ni en 2024 ni en 2025 la Comisión Mixta encargada de supervisar la relación entre la Fundación Jiménez Díaz, gestionada por Quirón, y el Servicio Madrileño de Salud (SERMAS), aunque el reglamento de funcionamiento dispone que deben reunirse semestralmente con carácter ordinario.
a relevancia de estas comisiones mixtas va más allá de una cuestión administrativa. Negocian, entre otros asuntos, las reclamaciones económicas planteadas por Quirón y la respuesta de la Administración, también las actualizaciones de los precios públicos o las "Derivaciones de pacientes de cápita", es decir, los pacientes que cambian de hospital por el sistema de libre elección, lo que genera ese trasvase de dinero público a la empresa privada.
Más informaciónAsí lo reconoce la Comunidad de Madrid en una resolución de transparencia en la que se le habían solicitado las actas de los años 2024 y 2025. En ella se señala que no pueden facilitar esas actas porque «no ha habido ninguna reunión posterior (la última fue en 2023)», lo que apunta a que no se han celebrado encuentros de seguimiento entre ambas partes.
Por ello, la ausencia de nuevas reuniones no solo supone la falta de un órgano de seguimiento previsto en el convenio, sino también la desaparición de uno de los principales espacios donde quedaban documentadas las demandas del hospital y las decisiones adoptadas por la Comunidad de Madrid sobre financiación, actividad asistencial o compensaciones económicas.
Al no poder acceder a esas actas, los únicos datos económicos publicados sobre esos pagos de la consejería de Sanidad a Quirón, en esta ocasión a la Fundación Jiménez Díaz (hospital que gestiona), son los que aparecen en el Estado de la liquidación del presupuesto, en la liquidación del presupuesto de gastos del ejercicio de 2024 del Gobierno regional.
Se puede ver cómo se pasó de una partida presupuestaria inicialmente de 450.743.839 euros a más de 891,8 millones de euros; prácticamente se duplicó el dinero presupuestado y pagado a Quirón. Y la falta de información pública impide conocer qué motivó ese incremento de más de 441 millones de euros.
