elDiario.es: “En Huéscar estamos desorientadas. No hay matronas, no hay apoyo, no hay información”, cuenta Lucía sobre la experiencia traumática que ella misma ha vivido en primera persona al quedarse embarazada. No es su nombre real, pues prefiere guardar el anonimato al vivir en un entorno rural en el que no quiere sentirse señalada ni ser foco de represalias por denunciar algo compartido entre miles de mujeres de la comarca de Huéscar (Granada): la falta de recursos públicos convierte en una tarea titánica tener un embarazo. Algo que desmiente la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, alegando que la atención está “garantizada” y que se están haciendo esfuerzos por mejorarla.
Pero la Asociación de Mujeres de Galera, uno de los principales municipios de esta zona rural situada al norte de la provincia de Granada, está movilizándose para reclamarle al Servicio Andaluz de Salud (SAS) que se cumpla con lo que dicen ofrecer: una atención digna y de calidad para las más de 2.000 mujeres en edad fértil que habitan este entorno (en la comarca viven alrededor de 18.000 personas). Encabezadas por Raquel Molina, no solo están reclamando recursos ante el Ejecutivo regional, sino recogiendo testimonios que desmienten el triunfalismo de Salud y que dibujan la dura realidad que atraviesan quienes no tienen acceso a lo más básico: el seguimiento de su embarazo.
Pero la Asociación de Mujeres de Galera, uno de los principales municipios de esta zona rural situada al norte de la provincia de Granada, está movilizándose para reclamarle al Servicio Andaluz de Salud (SAS) que se cumpla con lo que dicen ofrecer: una atención digna y de calidad para las más de 2.000 mujeres en edad fértil que habitan este entorno (en la comarca viven alrededor de 18.000 personas). Encabezadas por Raquel Molina, no solo están reclamando recursos ante el Ejecutivo regional, sino recogiendo testimonios que desmienten el triunfalismo de Salud y que dibujan la dura realidad que atraviesan quienes no tienen acceso a lo más básico: el seguimiento de su embarazo.
Un compendio de agravios con respecto al de quienes viven en entornos urbanos o mejor dotados de recursos, que aleja la maternidad de este tipo de comarcas. De ello sabe bien Silvia, cuyo nombre es ficticio para evitar sentirse señalada. Vivió un embarazo que ya fue calificado de riesgo a las tres semanas porque acudió a una clínica privada. Sin embargo, en la sanidad pública le dijeron que esperase hasta la semana 11 del embarazo, lo que le obligó a hacer continuos desplazamientos en coche hasta Granada capital -a más de una hora de distancia- para acudir a los recursos privados.
“Un informe decía que debía ponerme heparina desde el primer día, pero aquí me dijeron que no. Que esperara a Baza”, desvela Silvia. Afortunadamente para ella, se negó a hacerle caso al SAS y tomó la decisión de acudir a la medicina privada, empujada ante la necesidad de información: “Mi embarazo siguió adelante gracias a que fui al privado, porque el embarazo era de riesgo y nadie aquí me ponía la medicación”. Recurrió al ambulatorio de su zona en alguna ocasión para ser vista al menos por una enfermera, “que hacía lo que podía”, pero que, ante la peligrosidad de su embarazo, no era atención suficiente. Así, acabó teniendo que recurrir a una cesárea de emergencia en Baza que resultó “traumática”.
“En el parto casi me quedo allí mismo. La anestesia se me subió hasta la garganta”, cuenta Silvia. “Estuve más de tres horas en reanimación sin que nadie viniera a decirme nada de mi bebé”. Tras aquello, la situación no mejoró cuando su hijo ya estaba con ella en casa porque se sintió olvidada por la sanidad pública de nuevo: “Después de una cesárea de urgencia, no tienes ninguna revisión. Si tienes molestias, o pagas o vas por urgencias”.
La historia de Lucía, que es la mujer con la que arrancamos este reportaje, no es mejor. De hecho, ha tenido un doble mal final. Esta mujer, cuyo nombre también es falso para preservar su identidad, ha sufrido dos abortos en apenas dos años. Dos abortos que retratan lo que, a su juicio, es un “trato humillante” que también deriva de la falta de recursos. En su primer aborto, ocurrido en 2023, Lucía afirma que sufrió un trato denigrante por el ginecólogo que le atendía en las escasas visitas rutinarias del plan de seguimiento en Baza. “No me daba apenas información. A veces decía que no había nada y otras que sí había latido”.
Angustiada y cansada del hermetismo, también recurrió a la sanidad privada de Granada capital en la que le dieron la mala noticia: el feto ya estaba perdido. Lucía recuerda cómo el trato del ginecólogo le hizo sentir mal: “Me mandaba a mi casa como un perro”. En el segundo aborto, la atención mejoró, pero el seguimiento continuó siendo lento y escaso. Además, aunque ella, de momento, no ha dado a luz, también ha padecido el otro problema añadido de las mujeres de Huéscar: como no hay matronas ni especialistas, tampoco tienen acceso a clases preparación al parto ni más información que la que entre las propias madres gestantes se proporcionan entre sí.
Así, como cuenta Raquel Molina, “muchas mujeres van a urgencias por los nervios, porque pasan meses sin que nadie las vea”. Cansadas de la situación, han remitido escritos a la Delegación de Salud de la Junta de Andalucía e incluso las matronas de Granada han hecho lo propio, de momento sin éxito. El desamparo que sienten es total y la pérdida de población es paulatina ante la realidad que padecen en la comarca.
