PÚBLICO: La denuncia que ha presentado Sira Morales, gerente del distrito sanitario de Bahía de Cádiz-La Janda, del Servicio Andaluz de Salud, por presuntos insultos y amenazas verbales contra Antonio Vergara, activista en defensa de la sanidad pública y portavoz de la marea blanca en Cádiz, ha generado una ola de solidaridad entre los colectivos a su favor.
Vergara declaró la semana pasada en el juzgado de instrucción número 2 de Cádiz, donde se congregaron cientos de personas para manifestarle su apoyo. Le piden una multa de diez euros por día durante seis meses, unos 1.800 euros, además de una orden de alejamiento de la gerente.
Vergara rechaza de plano los insultos y las amenazas: "Yo no insulto, sino que descalifico a una gestora. Yo no amenazo tampoco. Ella dice que le había dicho que debería tener miedo. Eso es lo que llaman amenaza. Fue ella la que me dijo si debería de tener miedo, y le dije: ‘yo creo que sí, porque con lo que va a ocurrir este verano, yo lo tendría’. Ella interpreta que, con eso, yo la amenazo físicamente y que sintió que estaba en peligro su integridad. [Pero] eso se refiere obviamente al estado de los centros de salud".
El gobierno andaluz, en manos del PP, encuadra el asunto en la categoría de agresiones —en este caso, verbal— a trabajadores sanitarios, una problemática que, en efecto, existe, y que ha sido denunciada también por los colectivos defensores de la sanidad pública, pero que, consideran, no se puede aplicar a este caso.
"Esta opinión la define, una persona que no tiene respeto alguno por los movimientos sociales, pero además que está alejada de forma absoluta de la realidad, integrada en la burbuja de sus despachos. ¿en manos de quienes estamos?", se pregunta la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) en un comunicado.
Así, ONG, partidos de izquierdas y organizaciones sociales aseguran que, por el contrario, se trata de un nuevo intento de "criminalizar" movimientos sociales pacíficos y de "amedrentar" a quienes se plantean acudir a manifestaciones y protestas sobre los diversos malestares que hoy existen en Andalucía, de los que la sanidad es uno de los que más preocupan a los ciudadanos.
Este mismo lunes, los sindicatos SATSE, CCOO, CSIF y UGT junto con las mareas han entregado en el Palacio de San Telmo, sede de la presidencia de la Junta de Andalucía, 100.000 firmas en defensa de la sanidad pública. En un comunicado conjunto, las cinco organizaciones, expresan que van dirigidas al presidente Juan Manuel Moreno Bonilla (PP).
Esta actuación se enmarca en los actos de preparación de la manifestación prevista para el próximo 5 de abirl en Sevilla, que lleva por lema Contra el desmantelamiento de la sanidad pública. Estas organizaciones consideran que las políticas sanitarias "actuales" están teniendo "consecuencias devastadoras sobre profesionales y pacientes".
Los hechos de los que se deriva la denuncia se produjeron el 21 de junio de 2024. El contexto en que se produjo la protesta de las mareas, que llevan años defendiendo denodadamente el sistema público de salud, con gobiernos de PSOE y con gobiernos de PP, era el temor a que la llegada del verano produjera, una vez más, problemas en el servicio sanitario en la zona.
"Los veranos, desde hace muchos años, con gobiernos del PSOE [los gestores sanitarios] descubrieron el chollo de no sustituir a la mayoría de la gente, lo que supone un ahorro muy importante. Así que se aprietan el cinturón, se ralentiza todo el sistema, lo que denominamos vacaciones sanitarias, y, como no se sustituye a los profesionales, se [puede llegar a] cerrar un centro de salud. Todos los veranos, las mareas blancas hemos denunciado estas situaciones de forma permanente", afirma Vergara.
La denuncia de Morales expone lo siguiente. Ese día, mientras Morales estaba en una reunión "informativa" en la Casa del Mar con "distintas asociaciones cívicas", en ella "irrumpe violentamente el señor Antonio Vergara, vociferando y con aspavientos se dirige [a la directora], señalándola con el dedo y reprochando [...] que por qué ha entrado escondiéndose de este y que no se le da cita para una reunión".
"Este [Vergara] —prosigue la denuncia— con menosprecio a todos los asistentes, vociferaba frases como "eso no sirve para nada" y cuando se dirigía hacia mí, me espeta con sorna "como tú como vienes de la privada maltratras a los profesionales del sector público".
"El señor Vergara me exige con voces y aspavientos, con ánimo de amedrentarme, una reunión, a lo que respondo "tengo que mirar la agenda para cualquier cita", irónicamente y con ánimo de ridiculizarme, manifiesta, claro, tiene la agenda llena", continúa con las voces y me pregunta insistentemente "tienes miedo"... finalizando con "pues deberías tenerlo", en un intento claro de atemorizarme con causarme un mal".
Sin embargo, un documento de resumen de esa reunión del 21 de junio, que las mareas atribuyen a la propia Junta de Andalucía, y que ha sido incorporado al juzgado que ve la denuncia, no recoge incidentes: "A las 12:10. Irrumpe en la reunión D. Antonio Vergara (componente del colectivo Marea Blanca), comentando que porque no le dan cita para una reunión y que va a pasar con los Centros de Salud en este verano, de forma educada el equipo directivo le invita a salir de dicha reunión y fuera de la misma concretando una reunión con la Dirección". El 26 de junio, según las mareas, se produjo la reunión solicitada. Y la denuncia llegó después. Se firmó en de julio de 2024.
Antonio Vergara asegura a Público lo siguiente sobre lo sucedido: "Le pedimos una reunión múltiples veces por teléfono. No hay respuesta. Es indignante. Lo pedimos por escrito. No responden. Nos vamos al distrito y hacemos una concentración solicitando que haya una reunión. No nos recibe y nos manda a la policía. No te puedes imaginar el despliegue policial. Ella nos elude y se larga. Nos enteramos entonces de que iba a tener una reunión de lo que llaman comisión de participación ciudadana. Entonces, después de un mes intentando que nos reciba, dijimos: 'Nos vamos allí. ¿A qué hora es la reunión? A las diez. Pues a las nueve estábamos en la puerta, exigiendo: ‘queremos reunión, queremos reunión’".
"Nos dicen —prosigue Vergara— que la gerente había entrado y que la reunión había comenzado. Es decir, otra vez nos elude y nos evita y pasa de nosotros. Entonces los que estábamos allí nos dijimos: ‘Esto es intolerable, nos vamos a interrumpir’. Y otro compañero y yo subimos, gritando: ‘esto es una pantomima de participación ciudadana’. Es verdad que yo le digo: ‘Eres una nefasta gestora. Como llevas años en la privada, te crees que puedes hacer lo que te dé la gana, pero estás en la pública, y además de autoridad, hay que cumplir normas y recibir a los ciudadanos’".
La comisión de participación se reúne una vez al año y allí la gerente cuenta lo que ha hecho, "da información de propaganda de lo que ya ha hecho", según las mareas. Las mareas reclaman que en lugar de esta comisión de participación, se pongan en marcha y se apliquen los consejos de Salud, "que están legalizados y que no se han constituido, ni con el PSOE tampoco, a pesar de las denuncias".
"Cuando comprendí —añade Vergara a Público— que habíamos cumplido, me di media vuelta y me fui. Al día siguiente, la gerente nos recibió y nos prometió en esa reunión que nos daría el plan del verano", que luego, asegura, nunca mandó. Según las mareas, tampoco lo tuvieron los profesionales en tiempo y forma, sino que llegó con retraso: "Los profesionales en los centros de salud no sabían el plan de verano; entraron preguntándose si habría pediatra esa tarde".
Lo relevante, para las ONG, sindicatos y colectivos no es tanto lo que se pide en este caso, sino el hecho en sí de la denuncia, que interpretan como una maniobra para "acallar" estas protestas y como un aviso a navegantes. Vergara ahora está jubilado tras ejercer durante décadas como médico en la pública, es muy conocido en Cádiz por su activismo.
"Pocas personas en la ciudad de Cádiz generan un mayor reconocimiento y consenso que Antonio Vergara, cuya figura como defensor de la Sanidad Pública ha sido incluso reivindicada en el Carnaval de Cádiz, que es eco de la sociedad gaditana", recoge la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) en un comunicado.
"Es un magnífico profesional, médico, [reconocido] por su labor humanitaria y su trayectoria y compromiso en defensa de la sanidad pública en Cádiz y en Andalucía", abunda Sebastián Martín Recio, portavoz de la marea en Sevilla.
"No es la primera vez que se producen intimidaciones a la población que se moviliza. En este caso con un señalamiento a una persona que estaba a la cabeza de una movilización", añade Martín Recio. "Han sido muchos casos más. A diversos centros de salud ha llegado la orden de que se avise inmediatamente a la guardia civil si hay. Si hay más de 20 personas, es ilegal y si hay menos, que entreguen su documentación y DNI. Este procedimiento intimidatorio tiene muchas ramificaciones", agrega.
"La policía y la justicia están siendo utilizadas como elementos de intimidación contra la protesta", analiza el propio Vergara en conversación con Público. "A determinados activistas no los van a amedrentar, pero a la población en general este escenario les preocupa. No es de ahora, ahí está la ley mordaza, para que [la gente se piense] si ir a una manifestación", añade.
"Hacemos mucho hincapié en que no pase nada. Yo voy con mi nieto [a las manifestaciones]. Parece evidente esta instrumentalización de la policía y de la justicia, porque no es normal que cuatro abuelos estén en un centro de salud y aquello les parezca un acto peligroso", añade Vergara.
"Queremos transmitir a la ciudadanía que las mareas blancas estamos compuestas de personas pacíficas, pacifistas y que lo único que estamos trabajando es por recuperar un derecho que nos están robando", asegura la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública.
La denuncia de Morales contra Vergara lleva el membrete de la Junta de Andalucía e identifica al activista con su nombre y apellidos y como representante de la marea blanca. "La decisión de denunciar a Vergara pensamos que está tomada al máximo nivel. Ningún cargo intermedio decide una historia como esta por la repercusión que tiene", aseguran en las mareas.
La Consejera de Salud manifestó al respecto el pasado viernes: "Es la denuncia que pone ella como profesional. Nosotros, desde la Consejería de Salud y Consumo, a todo profesional que es agredido y que pone una denuncia le prestamos todo lo que necesite: apoyo jurídico, atención psicológica, atención sanitaria. Ahora mismo no se trata de ver quién ha sido el agresor, sino que se trata de una agresión a una profesional del Servicio Andaluz de Salud".
El portavoz de UGT en Sanidad, Antonio Macías, afirmó a Público que desconocen "lo que ha pasado", pero deja esta reflexión: "Es bastante significativo que quienes protestan sean atacados de esta forma. Es sospechoso que se intente acallar la voz de quienes protestan y eso sí que lo denunciamos públicamente".
Para Pro Derechos Humanos, "el PP, tanto en la Junta como en la ciudad de Cádiz, es una máquina eficaz para privatizar unos servicios públicos que hasta hace poco eran el orgullo de nuestra sociedad, la sociedad del bienestar". La asociación considera que "el procedimiento utilizado es muy simple: ir deteriorando poco a poco los servicios públicos hasta conseguir un trasvase hacia la medicina privada, al igual que está ocurriendo con la escuela concertada". Por ello, alertan, "a los actuales gobernantes no les interesan los testigos incómodos ni aquellas personas que denuncian ante la ciudadanía lo que está ocurriendo" y "se produce este intento de acallar a las mareas ciudadanas que defienden lo público".
"Este acontecimiento no sólo no ha conseguido intimidarnos sino todo lo contrario. Aseguramos a la población andaluza que vamos a seguir con todas nuestras fuerzas luchando para recuperar la sanidad 100% pública, universal, accesible, equitativa y de una calidad que había asombrado al mundo sanitario", asegura la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública.
