PÚBLICO: La gestión privatizada de los hospitales públicos madrileños es un modelo complejo que requiere un prolijo sistema de control y vigilancia sobre los pagos que la Consejería de Sanidad debe hacer a las sociedades concesionarias. Además de abonarles millones cada año por la atención médica que prestan a los pacientes del área sanitaria que tienen asignada, se les paga por cada modificación del contrato inicial que firmaron en su día. Una de sus cláusulas les permite pedir a la Administración el "reequilibrio económico" si se producen "circunstancias extraordinarias o imprevisibles" que "alteren significativamente la economía del contrato". Eso se ha traducido en cuantiosas compensaciones adicionales pagadas a lo largo de los 20 años en que lleva en funcionamiento el sistema.
Para que Sanidad desembolse ese dinero, las concesionarias y la propia consejería deben seguir antes un procedimientoque, sin embargo, suelen saltarse. Es lo que revelan los informes de control financiero elaborados por la Intervención General de la Comunidad de Madrid y conseguidos por Público a través del Portal de Transparencia autonómico. En el último, que revisó los contratos de los siete hospitales bajo concesión de obra pública, los interventores analizaron las modificaciones de contrato y reequilibrios económicos tramitados desde 2022 hasta 2024. Y descubrieron que excepto dos, todos los modificados se efectuaron sin expediente administrativo alguno. En el caso de los reequilibrios económicos por "ajustes de los servicios no asistenciales e inversiones de reposición" derivados de actuaciones realizadas entre 2016 y 2021 en cinco de los siete hospitales, tampoco se abrieron los expedientes de modificación contractual preceptivos ni hubo fiscalización previa. Pese a ello, todas las obras fueron abonadas por Sanidad.
Los siete hospitales de concesión de obra pública son Infanta Leonor (Vallecas), Infanta Sofía (San Sebastián de los Reyes), Puerta de Hierro (Majadahonda), Infanta Cristina (Parla), Sureste (Arganda del Rey), Tajo (Aranjuez) y Henares (Coslada). En ellos, la gestión sanitaria corre a cargo del Servicio Madrileño de Salud (Sermas), mientras que los servicios no asistenciales, desde el mantenimiento hasta la lavandería,están en manos de empresas privadas, al principio las constructoras que los levantaron y luego los fondos de inversión que los compraron.
El otro modelo de colaboración público-privada es la concesión administrativa, con el que se gestionan los hospitales Rey Juan Carlos (Móstoles), Villalba, Infanta Elena (Valdemoro) y Torrejón. Este último fue adjudicado al grupo Ribera Salud, mientras que los tres primeros pertenecen a Quirón. Este grupo también administra la Fundación Jiménez Díaz, mediante un concierto singular con el Sermas. En los cinco hospitales, tanto la atención sanitaria como los servicios no asistenciales son responsabilidad de las empresas privadas.Además de esos modificados y reequilibrios, hay otros flujos de dinero entre la Administración y las gestoras privadas de los hospitales públicos. Al margen de los contratos de concesión, Sanidad pagó a las concesionarias de obra pública obras, mobiliario, sobrecostes de servicios e inversiones, así como otros "gastos diversos" por importe de 10,98 millones entre enero de 2021 y agosto de 2024. La Intervención considera las obras, con un gasto de 7,78 millones, "modificaciones de facto, en contra de las previsiones legales y de los pliegos" y las declara "nulas de pleno derecho". Como ocurre también con los modificados y reequilibrios anteriores, los pagos al margen del contrato prescindieron "total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido", subraya el informe.
Los interventores sostienen que primero debería haberse analizado si las obras o la compra de mobiliario estaban incluidas en lo que se conoce como "riesgo y ventura" de las concesionarias –los que asume el empresario en la ejecución normal del contrato– y, por tanto, su coste debería haber sido asumido por ellas. Por el contrario, si se hubiera considerado que obras y mobiliario debían correr a cargo de la Administración, tendría que haberse tramitado un expediente para modificar el contrato.
