elDiario.es: En el hospital universitario de Torrejón, un centro público de primer nivel que atiende a más de 150.000 personas del noreste de la Comunidad de Madrid, los pacientes tienen un nombre, un apellido y un color. Pueden ser verdes o amarillos.
Aunque a todos se les debe atender por igual, unos y otros se mueven en circuitos internos diferentes que terminan condicionando si tienen que esperar más o menos para que les operen. A los primeros hay que intervenirlos con un presupuesto fijo que recibe el hospital cada año; los segundos van con incentivo. Por cada paciente, un dinero extra.
Para entender el asunto de los colores hay que empezar por el principio. Podríamos decir que el Sistema Madrileño de Salud (Sermas) es único en su especie: su estructura se reescribió hace tres lustros favoreciendo una convivencia especialmente amigable entre el sistema público y el privado. No todas las intenciones privatizadoras pudieron ejecutarse –los sanitarios pararon lo más gordo gracias a la movilización– pero una parte de esa gestión se ha quedado para siempre. O, para al menos el tiempo que el Partido Popular, ideólogo de estas reglas del juego, siga gobernando en Madrid. Lleva tres décadas.
Un emblema de aquellos años son los cuatro hospitales a medio camino entre lo público y lo privado que tiene la región. Como paciente te puede tocar un centro completamente público o uno gestionado por una empresa. A todos se accede con la misma tarjeta sanitaria. El hospital de Torrejón es uno de los segundos: nació desde el principio –hace ya 14 años– como un hospital de gestión indirecta en manos de un grupo llamado Ribera Salud que seguro te resulta familiar.
Como cualquier empresa privada, Ribera Salud tiene unos objetivos. La gestión les debe salir rentable y de ella son una pieza clave los colores de los pacientes. Podría parecer una clase de Infantil, pero es puro negocio. Los verdes son, pongamos, el vecino de Torrejón que va a que le operen de cataratas o le pongan una prótesis de rodilla. Los amarillos, la señora de Carabanchel (un barrio al sur de la ciudad de Madrid) que tiene una espera de seis meses para operar esa misma rodilla en su hospital más cercano y recibe una llamada para reducir este tiempo a la mitad a cambio de viajar 20 kilómetros para que la intervengan en Torrejón. Esta semana hemos desvelado que, salvo que las operaciones sean urgentes, la señora tiene todas las papeletas de ser operada antes que el vecino porque por ella el hospital cobra.
La dirección del hospital marca a los jefes de servicio un porcentaje mínimo de cirugías de pacientes amarillos al mes, como te cuento en este artículo. Se les llama, en los correos electrónicos y mensajes entre la dirección y los cirujanos, “objetivos no cápita”. “Nos presionan de varias formas para que estos enfermos entren y el resultado es que nuestros pacientes del hospital, siempre que no sean preferentes, terminan esperando en ocasiones hasta seis veces más”, dice uno de los médicos.
Hace unos meses titulaba así este mismo boletín: “La gallina de los huevos de oro para la sanidad privada es... el sistema público”. Pues eso. Esta semana, parte de los trabajadores y trabajadoras han protestado –es la segunda vez en un mes– porque, dicen, el hospital “prioriza a los pacientes no por motivos médicos sino estadísticos y económicos”.
