Diario de Castilla y León: 15 de marzo de 2025 en torno a las 12.00 horas. Esa es la fecha elegida por UGT y CCOO para la próxima manifestación autonómica en defensa de la sanidad pública, a la espera de fijar un recorrido concreto. Así lo han confirmado Jerónimo Cantuche, secretario de acción sindical de servicios públicos UGT-Zamora, Ignacio Fernández, secretario de Cultura y Movimientos Sociales de CCOO en Castilla y León, Beatriz Benavente, secretaria de acción sindical de la Federación de Sanidad de CCOO Castilla y León, y Tomás Pérez, secretario general de UGT-Servicios Públicos de Castilla y León. Lo han hecho este miércoles en una rueda de prensa ofrecida a los medios en la sede de UGT de Valladolid donde también han aprovechado para analizar el "déficit" del sistema sanitario de Castilla y León.
De la mano de las plataformas en defensa de la sanidad, se trata de una movilización en la que tanto usuarios como sanitarios saldrán a las calles para protestar por la "inacción de la Consejería de Sanidad y del Gobierno regional". Los motivos, según Cantuche son "porque el presupuesto que se comprometió el presidente no existe, porque la ley del blindaje de la sanidad pública no es más que un paripé, porque no hay mejoras laborales para los trabajadores, sino todo lo contrario, porque las listas de espera cada vez son mayores, porque la Consejería de Sanidad no invierte en recursos propios y cada vez hace más derivaciones para capitalizar el sistema de sanidad privado y descapitalizar la sanidad pública de nuestra región y porque, además, hemos entrado en una dinámica en el que las listas de espera han entrado en una situación de un modelo nuevo y diferente". Ese modelo, según el secretario zamorano, es el de "no citar a los pacientes hasta que no tienen una cita", y lo ha ejemplificado con un caso de su provincia: "En Zamora hay 14.000 pacientes pendientes de una cita".
Al hilo de ello, Cantuche explicó que hay consultorios "donde a estas alturas no se presta atención sanitaria, donde están cerrados y donde las coberturas de vacantes, tanto en atención primaria como en atención especializada, cada vez se van incrementando más". "Estamos pasando de que hemos tenido muchos problemas en atención primaria a que el problema se vaya focalizando en los hospitales, donde ya también es difícil encontrar este tipo de profesionales para cubrir las especialidades. Y todo esto se traslada a los ciudadanos". El secretario calificó la atención de "deficiente", de existir problemas a causa de "listas de espera interminables que no resuelven problemas de salud porque no se encuentran diagnósticos precisos y tratamientos adecuados a los problemas que tienen. Y todo ello genera en muchos casos muertes, por una mala asistencia o por un déficit de asistencia".
Por su parte, Ignacio Fernández, detalló que "solo con ver las crónicas diarias se observa que no hay semana en la que no aparezca un problema sanitario, bien por el lado de los usuarios, bien por el lado de los profesionales, de tal manera que cuando se argumenta que la sanidad tiene algunos inconvenientes coyunturales, toda esa sucesión de problemas, lo que descubres es que son estructurales". El secretario de Cultura y Movimientos Sociales de CCOO en Castilla y León cargó contra la Consejería de Sanidad a la que calificó de ser "la Consejería del Marketing". "Esto lo hace bien, es decir, de cuando en cuando sale el consejero o sale el presidente para presentar este programa de salud mental sin presupuesto y, efectivamente, vende. Desde el punto de vista publicitario hay que reconocer que son eficaces, desde el punto de vista sanitario, son necios".
También señaló que, a diferencia de otras movilizaciones previas "sólo impulsadas en el ámbito de las plataformas y seguidas por otros, es que en este caso, al ser CCOO y UGT quien convoca, aúna la reivindicación social y profesional". Es decir, en ocasiones anteriores, las plataformas en defensa de la sanidad "eran portavoces de la ciudadanía, pero no de los sanitarios y sanitarias". "Esto es muy importante, que conjuntamente salgan a la calle a reclamar derechos y defender la sanidad, porque revela que no estamos de espaldas unos a otros, sino todo lo contrario. Somos complementarios. La dignidad en el trabajo es dignidad en la atención y a la inversa. La mala atención es mala praxis porque no hay otra opción", denunció Fernández.
Beatriz Benavente, secretaria de acción sindical de la Federación de Sanidad de CCOO Castilla y León justificó esta manifestación en la deriva de un "cúmulo de acontecimientos e inacciones" que a su vez se traduce en el "hartazgo" de usuarios y profesionales. "La sanidad pública tiene unos profesionales excepcionales, pero con condiciones laborales y retributivas nefastas y, frente a ello, la Consejería toma medidas que nos encamina a un precipicio". Benavente puso como ejemplo que "la atención primaria tiene pendiente una reestructuración de servicios y recursos para optimizarlos". "Es una reivindicación histórica y se niega a implementarla. Todos sabemos que hay núcleos de población más alejados de la ciudad, más envejecidos… y es necesario para esos consultorios y zonas de salud que se lleven a cabo unas medidas incentivadores, económicas y laborales, para que los trabajadores decidan prestar allí sus servicios durante un tiempo. Lo hemos pedido durante años y se obceca en su inacción".
La secretaria sostuvo que, "en la atención hospitalaria la última gran medida fue publicar un decreto a finales de diciembre por el que decidía pagar los sábados solo en dos categorías, lo que indica que la Junta quiere clases de primera y de segunda, porque la distinción no solo habla de dinero, sino de respeto al profesional, porque se trabaja de forma multidisciplinar y esas medidas tiene consecuencias directas en los usuarios". Esto genera, según ella, "que cada vez los profesionales estén más quemados, tengan más presión asistencial, sin medidas ni incentivos y que quien se puede marchar lo hace porque en comunidades limítrofes sí actúan". "Hemos instado a Sanidad a que incentive empleos para que se queden aquí los profesionales y atraer a otros. Nos sentimos infravalorados y mal retribuidos", lamentó.
El último en intervenir fue Tomás Pérez, secretario general de UGT-Servicios Públicos de Castilla y León, quien se mostró duro con la situación. "Los profesionales no solo están mal retribuidos, sino que ven que se destrozan los equipos. La sanidad es trabajo de equipo. Para que un cirujano opere tiene que haber un celador que lleve al paciente a quirófano, un técnico que logre asepsia total, radiodiagnóstico, enfermeras, etc.", ejemplificó, "pero la Junta distingue a los trabajadores y paga los sábados a una parte de este equipo frente a la otra, situación que crea un resentimiento, un problema entre categorías y rompe equipos". "Esto lo hace por cuestiones políticas, en base a un acuerdo para abonar los sábados que lo llevó a la mesa sectorial con los sindicatos, pero que ya tenía acordarlo con un sindicato que era afín a Vox, cuando esta formación integraba el Gobierno autonómico".
Asimismo, Pérez criticó que "los técnicos llevan diez años cobrando por debajo de su categoría académica y profesional y que no se ha cumplido con la reclasificación profesional prevista para el 1 de enero de 2025", apuntó. "Algunos saben que hace diez años que les están tangando en el sueldo y en su categoría profesional y afecta a su jubilación". Otro de los aspectos que señaló el secretario fue el de las plazas de las Relaciones de Puestos de Trabajo (RPTs) y la oferta pública, que "no cubre ni las necesidades básicas, hay un déficit". También añadió que "Mañueco se comprometió a que todos los hospitales públicos tendrían habitaciones para uno o dos enfermos. ¿Dónde está esa promesa? Porque el Clínico lleva diez años de obras", denunció.
Pérez aprovechó la rueda de prensa para pedir al Grupo Parlamentario Socialista "todos los contratos" de la Consejería de Sanidad con grupos privados y que "los estudie".
La demanda viene después de que los socialistas registraran el martes la solicitud de comparecencia del consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, para informar sobre las relaciones de la Junta con el Grupo Empresarial Electromédico (GEE), según informó Ical.
Esta solicitud busca aclarar "posibles adjudicaciones opacas y presuntas prórrogas ilegales" concedidas a este grupo empresarial del sector de la electromedicina, como ha ocurrido en otras comunidades autónomas gobernadas por el PP, como Madrid o Andalucía.
Los socialistas creen que las relaciones de la Administración autonómica con GEE "parecen evidentes en Segovia y Salamanca", si bien "pretende conocer las posibles vinculaciones" de la firma con la Consejería de Sanidad en todas las provincias. A su juicio, los casos de prórrogas y adjudicaciones "podrían suponer varios millones de euros de las cuentas de la Junta para GEE".
