Cadena SER: El dilema ético y legal vuelve a sacudir a los centros sanitarios cuando la ley exige notificar a la justicia actos violentos, incluso frente al rechazo explícito de la propia víctima. Cuando un profesional médico atiende a una mujer lesionada por violencia machista en España, la legislación vigente le obliga a trasladar el caso de inmediato a los juzgados.
Aunque las consultas se consideran entornos idóneos para localizar el maltrato y ofrecer salida a las agredidas, la investigación pone en duda la eficacia de actuar al margen del criterio de la paciente. Una revisión sistemática sobre 28 investigaciones —publicada en la revista científica The Lancet— confirma que existe una "evidencia fuerte" de que esta medida, concebida para blindar a las agredidas, acaba provocándoles en ocasiones un dolor añadido.
Especialistas vinculadas a la Organización Mundial de la Salud (OMS), Harvard y la London School of Economics recopilaron testimonios de supervivientes que denunciaron haber sido arrastradas a un vertiginoso circuito judicial sin estar preparadas.
El análisis subraya un dato contundente: no existen investigaciones con datos empíricos que avalen o desmientan los beneficios reales de esta norma en términos de seguridad posterior, detenciones o recaídas en las agresiones.
El trabajo certifica la "ausencia de evidencia sobre si la denuncia obligatoria beneficia o perjudica a las supervivientes a nivel poblacional". El rastreo internacional constata que 53 países aplican este requerimiento legal a los sanitarios, habiendo rescatado testimonios en investigaciones llevadas a cabo en Estados Unidos (24), Noruega (2), España (1) y Timor Oriental (1), focalizadas en agresiones cometidas por parejas o exparejas.
Varias de las encuestadas identifican este trámite administrativo como "otra vulneración similar a su abuso, que las forzaba a realizar acciones para las que no estaban emocionalmente preparadas y sin su consentimiento".
La desconfianza en la respuesta judicial es extendida: relatan que los arrestos suelen ser breves y las exponen a situaciones aún más violenta a la vuelta del agresor. "Si se lo contaba a alguien, él iría a la cárcel, saldría y me mataría", recoge de forma escalofriante una de las declaraciones del dossier.
En palabras de Avni Amin, coautora de la publicación, "a menudo lo que quieren es tiempo y espacio para tomar una decisión adecuada". La experta en salud pública y responsable de la unidad de Derechos, Igualdad y Bienestar de la OMS recuerda la extrema vulnerabilidad de muchas víctimas: "hay mujeres que han sido aterrorizadas por sus parejas en casa, que vigilan dónde van a través de sus teléfonos móviles, y no tienen dinero ni siquiera para ir y volver varias veces de una comisaría".
Por ello, defiende que los profesionales deben encauzarlas hacia redes de apoyo emocional y práctico antes de dar el paso judicial. "El sistema en muchos países es bastante desafiante: tienen que repetir su historia muchas veces, se las culpa, se las avergüenza y la justicia puede llevar años", señala.
El procedimiento médico español obliga a notificar la agresión al juzgado de guardia o a la Fiscalía mediante el correspondiente parte de lesiones e informe médico, tras haber informado a la paciente pero al margen de su aprobación final. Además, los protocolos exigen leerle a la víctima el documento así como facilitarle una copia y dejar constancia formal en su historial clínico.
Los últimos datos globales reflejan que en 2022 se contabilizaron 15.301 casos registrados en la historia clínica y 11.569 mediante parte de lesiones. En el cómputo histórico gestionado desde 2009 por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, los partes de lesiones suman 256.638, lo que supone un 9,48% de las 2.707.117 denuncias totales, manteniendo un volumen anual prácticamente constante en el entorno de los 15.000 casos.
