Cadena SER: El gasto en incapacidad temporal por contingencias comunes no ha dejado de crecer en la última década. La Fundación Economía y Salud estima que alcanzará los 33.000 millones de euros en 2025, un 60 % más que hace diez años. Detrás de este incremento, sin embargo, los expertos sitúan una realidad mucho más compleja que un simple aumento del absentismo laboral.
El presidente de la Fundación Economía y Salud, Alberto Giménez, sostiene que el incremento responde a una combinación de factores estructurales. Entre ellos señala las dificultades del propio sistema sanitario, la falta de recursos, la escasa coordinación entre administraciones y la ausencia de una información clínica compartida. A ello se suman el envejecimiento de la población activa, el aumento de los problemas de salud mental y una nueva forma de abordar las enfermedades.
Los profesionales sanitarios advierten de que muchas incapacidades temporales podrían evitar complicaciones si se actuara desde el primer momento. Retrasar una baja médica cuando está clínicamente indicada o adelantar el alta de un paciente no solo puede empeorar su estado de salud, sino también alargar el proceso de recuperación.
Así lo defiende Vicente Pallarés, presidente de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria, quien alerta de que estas decisiones pueden provocar más accidentes laborales, aumentar el riesgo de recaídas y favorecer la cronificación de determinadas patologías. Lejos de reducir el gasto, explica, este efecto termina saturando aún más los recursos sanitarios y elevando el coste económico de las incapacidades temporales.
Esa realidad tiene un reflejo claro en la experiencia de Paula, trabajadora en una residencia de personas mayores. En una ocasión decidió acudir a trabajar a pesar de tener fiebre para no faltar a su puesto. Sin embargo, su estado empeoró y acabó desarrollando una neumonía, una enfermedad que requirió una baja mucho más prolongada de la que probablemente habría necesitado si hubiera podido recuperarse desde el inicio. Su caso ejemplifica cómo retrasar el descanso cuando una enfermedad ya se ha manifestado puede terminar teniendo consecuencias más graves tanto para el trabajador como para el propio sistema.
Desde el punto de vista económico, el profesor Manuel Hidalgo recuerda además que cuestionar de forma generalizada las bajas laborales supone poner en duda el criterio de los profesionales sanitarios que las prescriben. Las incapacidades temporales, subraya, son el resultado de una valoración médica y responden a una necesidad clínica, no a una decisión arbitraria del trabajador.
El aumento del gasto en incapacidad temporal, concluyen los especialistas, dice mucho más que el número de personas de baja. Es también un indicador del estado del sistema sanitario, de las dificultades para acceder a una atención temprana y de la salud de una población trabajadora cada vez más envejecida y afectada por problemas crónicos y de salud mental. Un fenómeno cuya solución, sostienen, pasa por reforzar la prevención y la capacidad asistencial, y no solo por centrar el debate en el coste de las bajas.
