lavozdelsur.es: La asistencia religiosa católica continuará formando parte de los servicios disponibles en los hospitales públicos gestionados por el Servicio Andaluz de Salud (SAS). El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias en funciones de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, firmó a finales de mayo pasado un nuevo acuerdo con las Provincias Eclesiásticas de Sevilla y Granada que regula esta atención durante los próximos cuatro años.
El convenio, que costará 7,4 millones de euros durante los próximos cuatro años, fue suscrito con los arzobispos José Ángel Saiz y José María Gil, representantes de ambas provincias eclesiásticas, y garantiza este servicio a los pacientes que “libre y espontáneamente lo soliciten”, así como a sus familiares, allegados y al propio personal de los centros.
Antonio Sanz explicó que cada hospital contará con un servicio u organización encargado de proporcionar asistencia religiosa católica y atención pastoral. Esto incluye visitas a enfermos, familias y acompañantes durante el proceso de enfermedad, siempre “con el debido respeto a la libertad religiosa”, además de asesoramiento sobre cuestiones religiosas y morales, actos de culto y administración de sacramentos.
El acuerdo establece que habrá 83 capellanes a jornada completa y 34 a tiempo parcial, distribuidos entre los hospitales en función del número de camas. El salario de los sacerdotes asciende a 18.496,76 euros al año para los que tienen jornada completa y a 9.248 euros los contratados a media jornada.
Será el obispo correspondiente a cada diócesis quien designe a los capellanes o a las personas consideradas idóneas para realizar esta labor. Estos podrán acceder a los hospitales sin limitación horaria, y la atención tendrá carácter prioritario cuando sea solicitada por un paciente.
Cuando este no pueda realizar la petición personalmente, podrá hacerlo un familiar, allegado o representante legal, previa consulta de su declaración de voluntad vital anticipada.
Los hospitales deberán disponer además de un espacio adecuado para la oración y la celebración del culto, accesible para los fieles, junto a otro lugar donde puedan recibirse visitas y conservarse los materiales necesarios para prestar la asistencia religiosa.
Una comisión paritaria de participación y seguimiento será la encargada de controlar la ejecución del convenio.
Las Provincias Eclesiásticas incluidas abarcan, por un lado, la Archidiócesis de Sevilla y las diócesis de Cádiz, Córdoba, Huelva y Asidonia-Jerez y, por otro, la Archidiócesis de Granada junto a las diócesis de Almería, Jaén, Málaga y Guadix.
La firma contó también con la presencia del viceconsejero de Sanidad y Consumo, Nicolás Navarro, y de Isacio Siguero, secretario general y canciller de la Archidiócesis de Sevilla y secretario general de la Asamblea de los Obispos del Sur de España.
Este sistema tiene su origen en los acuerdos suscritos en 1985 entre el Gobierno de Felipe González y la Santa Sede. Un año después, la Junta de Andalucía, entonces presidida por José Rodríguez de la Borbolla, instauró la presencia de representantes de la Iglesia católica en los hospitales andaluces.
La renovación del acuerdo ha provocado ahora críticas desde Europa Laica. Su presidente, José Antonio Naz, ha cuestionado duramente el convenio en declaraciones recogidas este pasado miércoles por El País.
“En un país con el 40% de la población sin religión, estos privilegios con la Iglesia son de la Edad Media”, sostiene Naz.
El presidente de la asociación añade otra crítica dirigida directamente al contexto sanitario andaluz: “Es de chiste solucionar rezando los grandes problemas de la sanidad pública andaluza”.
